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La Armada Argentina inició una investigación tras detectar irregularidades en el área de liquidación de haberes del personal. Tras una actuación administrativa que permitió identificar inconsistencias, se presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 para determinar las responsabilidades de los involucrados, quienes ya fueron separados de sus cargos.
La denuncia fue formulada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, luego de descubrir, en febrero de 2026, suplementos improcedentes abonados a cinco agentes. Según el escrito judicial, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, que suman un total histórico de $981.148.567,88. Estos pagos excedían los haberes legítimamente liquidados o carecían por completo de respaldo documental.
La revisión técnica comparó las liquidaciones, recibos publicados, lotes enviados al Banco Nación y confirmaciones bancarias, detectando modificaciones manuales en registros y archivos que habrían sido efectuadas tras los controles ordinarios y antes del envío de la información al banco. Posteriormente, ciertos valores eran restaurados a su estado original para ocultar en los recibos los importes adicionales.
En un comunicado, la Armada sostuvo: «La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley».
Las irregularidades no parecen errores generalizados, sino que se concentraron en beneficiarios recurrentes mediante un mecanismo repetido. Las acreditaciones indebidas se incorporaban al proceso mensual de pago, que abarca a más de 24.000 personas, junto con los haberes legítimos. La denuncia indica que esta modalidad permitía eludir los controles previos a la generación de los archivos para el banco.
Además, se detalla que cuatro personas sin vínculo con la Armada recibieron 184 acreditaciones por un total de $434.200.718,04, equivalente al 44,25 % del monto total irregular. Los beneficiarios son María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia. Prieto, con una asignación de $152.259.495,86, es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, en ese entonces jefe del Departamento Revista.
En las actuaciones administrativas, Atanasoff reconoció conocer dichas acreditaciones, haberlas realizado manualmente y decidir personalmente los destinatarios y montos, con el fin de favorecer económicamente a ciertas personas. Señaló además que ninguna otra persona participaba en esas decisiones, declaraciones que coinciden con los registros analizados.
La investigación también detectó pagos irregulares a personal vinculado con la Armada. Roberto Eduardo Castro habría cobrado simultáneamente haberes en el exterior y en el país, pese a que el sistema lo excluía automáticamente del pago local. Asimismo, su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, habría recibido acreditaciones durante una licencia sin goce de sueldo. La Justicia deberá evaluar cada caso en detalle.
Hasta la presentación de la denuncia, se habían restituido $42.574.267,63, quedando un saldo pendiente de $938.574.300,25, sin que estas devoluciones alteren el monto histórico denunciado. La Armada reforzó los controles internos, separó las funciones de liquidación, pago y conciliación, relevó preventivamente a Atanasoff y preservó los equipos y archivos vinculados a la investigación.
